La guía de Eurostat sobre el tratamiento estadístico en las cuentas publicas de los contratos EPC de rendimiento energético aclara cómo considerar las inversiones en infraestructuras que hacen un uso eficiente de la energía y ayuda a las autoridades públicas a preparar y financiar proyectos mediante contratos de ahorros garantizados.

La guía, publicada en mayo de 2018, diferencia las inversiones que no influyen en el balance de cuentas a nivel estadístico y las que sí lo hacen y en qué medida.

La “Guía del tratamiento en las cuentas publicas de los contratos de rendimiento energético o ahorros garantizados –EPC”, publicada en mayo por Eurostat, fue presentada por Antonio López, ingeniero del Banco Europeo de Inversiones, durante el Congreso ESES –Madrid, 1 y 2 de octubre-

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Cuándo es un contrato EPC a efectos estadísticos

En su capítulo 2, la guía específica las condiciones que deben cumplir cada una de las dos partes que conforman el contrato EPC: la Autoridad Pública y la ESE (o Partner, según denominación de la guía), para que dicho contrato pueda considerarse dentro del ámbito de aplicación de la guía.

Ayuntamientos o diputaciones estarían dentro de la definición de Autoridad Pública, pero no lo estarían empresas públicas, por ejemplo.

En cuanto a quién puede ser considerado Partner, la guía distingue dos situaciones:

  1. En caso de grandes inversiones que requieren proyectos financieros y la formación de una sociedad vehicular –SPV-, las recomendaciones de la guía no aplican si la Autoridad Pública controla de alguna manera su funcionamiento.
  2. En general, los contratos EPC con entidades públicas en la UE son realizados con Partners no controlados por la administración: empresas privadas o empresas públicas que compiten en igualdad de condiciones en el mercado y sin necesidad de constituir una SPV.

Qué debe incluir un EPC

Un EPC debe incluir inversión de capital por parte del Partner en equipos que mejoran la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía de la infraestructura existente. Por ejemplo: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; centrales de cogeneración; sistemas de iluminación; sistemas de gesión de edificios; calderas; aislamiento de la envolvente; ventanas…

Sin embargo, medidas como planificación, optimización o mantenimiento de equipos, que no implican ninguna inversión en equipos, son considerados meros contratos de servicios y quedan fuera del alcance de la guía.

Por otra parte, la guía establece una duración mínima de 8 años del contrato EPC.

La remuneración del Partner debe provenir siempre de los ahorros conseguidos por las inversiones realizadas para que estos pagos queden fuera del balance de la Autoridad.

En resumen, los 3 aspectos fundamentales que definen un contrato EPC de eficiencia energética con una entidad pública:
1.-Incluye medidas de eficiencia energética verificables.
2.-La financiación de las medidas se logra a través de los ahorros generados.
3.-Existen inversiones en obras, servicios o suministros

Sobre los ahorros garantizados

El tema 4 del capítulo 3 de la guía se refiere a los ahorros garantizados. Estos deben superar los pagos operativos y subsidios ocurridos a lo largo del contrato y deben proceder, al menos en parte, de una reducción del consumo de energía.

Cuando el contrato cuantifica los ahorros en unidades de energía, debe establecer también un precio razonable para la misma. De lo contrario, los pagos entrarán en el balance de la entidad pública.

La fluctuación de los precios de la energía puede ser asumida total o en parte por la Autoridad, sin que esto afecte al tratamiento estadístico.

El contrato EPC debe incluir un sistema de control y medición de los ahorros objetivo y bien armado. También debe asegurar que, al menos una vez al año, se realizarán comprobaciones del rendimiento de los equipos conforme a lo garantizado. En caso contrario, afectaría al tratamiento estadístico y entraría en el balance.

Mecanismos de pago y su influencia en el balance

Los pagos de explotación deben comenzar a la conclusión de las obras previstas en el contrato EPC, de lo contrario, éste entraría en el balance de pagos de la Autoridad pública.

En caso de que los ahorros sean inferiores a lo previsto en el contrato, éste debe prever la posibilidad de compensación en los pagos futuros de la Autoridad dentro de un periodo máximo de un año. En caso contrario, influye en el tratamiento estadístico y el contrato EPC deberá incluirse en el balance.

En el contrato no puede existir limitación de responsabilidad al Partner por incumplimiento de los ahorros previstos, pues influye en la estadística y provoca la inclusión del EPC en el balance.

Cuando se logran ahorros mayores de los previstos, la guía de Eurostat considera que el beneficio se puede repartir entre Autoridad y Partner en una proporción de 1/3 como máximo y 2/3 como mínimo, respectivamente y sin límites para el Partner, sin impacto en la estadística.

En caso de que se revise la garantía original propuesta en el EPC porque los ahorros logrados son mayores de los esperados, la guía considera que si el ajuste supera en 1/3 los ahorros garantizados en principio, entonces tiene influencia en el tratamiento estadístico de los datos y el contrato entraría en el balance.

Mecanismos de financiación pública y su influencia en el balance

Si la Autoridad u otras entidades públicas participan en la financiación de la inversión prevista en el EPC:

1.-se considera que tiene influencia en el tratamiento estadístico y entra en balance (si la financiación supera el 50%)
2.-puede suponer un riesgo muy alto de impacto en el tratamiento estadístico (si supera el 33%)
3.-puede suponer un riesgo alto (si supera el 10%);
4.-puede suponer un riesgo moderado (si es inferior al 10%).

La financiación pública puede ser en forma de:

  • Pagos no reembolsables o suministro de activos durante o al final de la fase de construcción.
  • Préstamos
  • Participación accionarial en la empresa/Partner
  • Garantías de financiamiento
  • Incentivos financieros o ventajas fiscales

La guía de Eurostat no considera como financiación pública la proveniente de organismos de la UE o del BEI. Pero sí la cofinanciación nacional junto con una subvención europea. La financiación por parte de empresas públicas que actúan en nombre de la Autoridad participante en el proyecto se considera financiación pública.

En caso de grandes inversiones que pueden sufrir cambios en el tipo de interés es posible realizar ajustes en los pagos operativos. Estos no afectarían en el tratamiento estadístico si existe cobertura de riesgos total y sí lo harían, y con riesgo alto, si la cobertura es parcial-.

Refinanciación y mejora de condiciones

La refinanciación del proyecto por iniciativa del Partner no influye en el tratamiento estadístico, a menos que esta tenga un impacto negativo en la Autoridad. Por ejemplo, que aumente su responsabilidad por una finalización anticipada, en cuyo caso el riesgo de influencia se considera alto.

Si es la Autoridad quien obliga a refinanciar el proyecto, el EPC entraría automáticamente en balance.

Si la Autoridad realiza acciones concretas que mejoran las condiciones de financiación, como conseguir una mejor calificación crediticia, Eurostat considera que el reparto de las ganancias por refinanciación no influye en el tratamiento estadístico del EPC.

Cuando el EPC establece un límite de 1/3 de ganancia por refinanciamiento para la Autoridad, cualquier cantidad superior influye en el tratamiento estadístico y provoca la inclusión del contrato en el balance.

Se considera que el factoraje no influye en el tratamiento estadístico siempre que no suponga perjuicio para la Autoridad en términos de pérdida de ahorros.

Antonio López, BEI; Marta Gudiol, ICAEN; Javier Sigüenza, secretario general de AMI, en el VI Congreso ESES

El modelo catalán

Marta Gudiol, jefa de unidad en el ICAEN (Instituto Catalán de la Energía), presentó el modelo de contrato para eficiencia energética con ahorros garantizados desarrollado en Cataluña.

El precio de la energía establecido en el contrato se mantiene durante toda su extensión –que puede llegar hasta los 12 años-, asumiendo la Administración el riesgo de cambio de tarifa.

La revisión de las tarifas de energía es un tema crítico en contratos de larga duración. La separación de distribución (parte fija regulada) y comercialización (parte variable) dificulta dicha revisión. A nivel estatal se está trabajando en una fórmula tipo que la facilite.

En caso de incumplimiento de la garantía de ahorros o de los indicadores de mantenimiento, existe penalización a la ESE. La obligación de realizar un mantenimiento adecuado debería garantizar el buen estado de los equipos al finalizar el contrato, cuando se entregan sin coste al propietario.

También explicó que los ahorros que obtienen las administraciones públicas gracias a estos contratos no suponen una detracción en la asignación del presupuesto en años siguientes.

Aseguró que los 6 proyectos en marcha siguiendo el modelo están cumpliendo los ahorros previstos. Entre ellos figura un proyecto de producción de energía con una caldera de biomasa.

Los pliegos técnicos y administrativos que sirven de guía se pueden consultar en la web del ICAEN.

Ana Sancho/Bioenergy International

Publicado en BIE 41 · Otoño 2018

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